martes, 24 de marzo de 2015

Biogás: la basura de unos puede ser la energía de todos

La Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal  anunció la semana pasada que el próximo año ¡por fin! entrará en operación en el Distrito Federal la planta de biogás más grandes del país, que se ubicará en lo que fue hasta hace poco el relleno sanitario de Bordo Poniente y que generará 80 mil mega watts para abastecer a la red pública de la capital.

   La noticia es buena porque significa que los residuos orgánicos acumulados por años se aprovecharán para generar electricidad, evitando que se desperdicie la energía del gas emitido y que el mismo contribuya al calentamiento del planeta.

   Pero vamos por partes, ¿cómo se produce el biogás con residuos municipales y cuál es la importancia de estas tecnologías?

   De manera natural al descomponerse la materia orgánica se genera metano y otros gases como bióxido de carbono, hidrógeno y nitrógeno, gracias al proceso conocido como digestión anaerobia, que quiere decir en ausencia de aire, realizado por las bacterias para alimentarse. Esto puede ocurrir tanto en la hojarasca de un bosque, en los residuos orgánicos de una composta como en nuestro sistema digestivo, sobre todo al comer frijoles.

   Pues bien, el gas metano, que representa alrededor del 70 por ciento del volumen de los gases emitidos por la materia orgánica, tiene un alto valor calórico, un metro cúbico produce aproximadamente 5 kilowatts/hora, lo mismo que medio metro cúbico de gas natural.

   Este gas se utiliza para producir energía eléctrica mediante turbinas,  plantas u otros sistemas de combustión, y también puede aprovecharse como combustible de uso doméstico en cocinas. Otra forma de aprovechar la energía contenida en los residuos orgánicos es mediante su incineración.

   Es tal el éxito de estas tecnologías en otros países, que por ejemplo 20 por ciento de la población de Suecia depende de la incineración de residuos orgánicos para su calefacción. El sistema es tan eficiente que los suecos han tenido que importar desechos del resto de Europa con tal de no quedarse sin combustible.

   En México la historia es muy distinta. De acuerdo con un estudio de Sedesol del 2008, en nuestro país se generan 108 mil toneladas al día de residuos sólidos municipales, sólo el 58 por ciento llega a rellenos sanitarios y 32.5 por ciento se queda en tiraderos a cielo abierto, 5 por ciento se dispone de forma clandestina.

   Para hacernos una idea del volumen que producimos, digamos que las más de 12 mil toneladas de residuos generados diariamente en la ciudad de México llenarían tres veces al mes el Estadio Azteca, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente local.

   La disposición y manejo de la basura en México depende principalmente del reciclaje informal, de la pepena vaya, lo que lo hace ineficiente y deja desprotegidas a las personas que lo realizan, a merced  de líderes y mafias de la basura.

   De todos estos residuos, al menos 40 por ciento ciento son materia orgánica, pero en el país sólo aprovechamos el 5 por ciento de la energía que se podría generar, desperdiciando así un recurso que podría sustituir parte de nuestro consumo de petróleo.

   Afortunadamente ya existen casos exitosos del uso de estas tecnologías en nuestro país, como la planta de biogás del municipio de Salinas Victoria en Nuevo León que suministra electricidad para el alumbrado público y el Sistema de Transporte Colectivo de Monterrey y que podría llegar a generar 30 Mega Watts en los próximos años, de acuerdo con un estudio del Instituto de Investigaciones Eléctricas de la SENER.

   Y aunque insistimos en que la planta de biogás en el Bordo Poniente es buena notica, la verdad llega tarde, pues el pico o máximo de producción del gas ocurrió hace unos 8 años, de manera que se desaprovechó el mejor momento de este relleno sanitario. Pero más vale tarde que nunca.

   Para concluir queremos decir que la UNAM está contribuyendo activamente a la adopción de estas tecnologías, actualmente el Programa Universitario de Medio Ambiente, la Facultad de Química, el Instituto de Ingeniería  y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, encabezados por la Coordinación de la Investigación científica y con recursos y apoyo del CONACyT, estamos instalando una planta piloto para tratar la fracción orgánica  de los residuos sólidos municipales de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y el área conurbada del Valle de Toluca.

   Lo que buscamos es tener un modelo de un sistema de tratamiento altamente eficiente de los residuos orgánicos que producimos en las grandes urbes del centro del país.

   Ojalá que en los próximos años avancemos más rápido en el uso de estas tecnologías, para ello, las y los ciudadanos podemos contribuir en nuestra vida cotidiana tomando conciencia de cuán importante y urgente es tener el hábito de separar nuestros residuos domésticos. Que no le digan, que no le cuenten, separar sí sirve.

Editorial del Programa Universitario de Medio Ambiente en el noticiero Primer Movimiento de Radio UNAM, emisión del martes 24 de marzo de 2015.
Mireya Imaz, Marjory González. 2015, PUMA-UNAM. México. 
(Se autoriza la reproducción citando la fuente).

martes, 17 de marzo de 2015

Ciudades, ¿para quién y hacia dónde?

En la madrugada del sábado 7 de marzo, a los vecinos de las colonias Crédito Constructor, Mixcoac y Benito Juárez en la ciudad de México, los despertó un estruendo de máquinas. Los que salieron de sus casas se encontraron con un panorama de pesadilla: el gobierno local mandó talar 800 árboles, de sopetón, en una sola noche, para abrir paso a un deprimido sobre Circuito Interior. Pero, ciertamente, los primeros deprimidos, e indignados, fueron los vecinos.

   Más allá de las explicaciones tropezadas de las autoridades, que incluye la declaración por parte de la Secretaria de Medio Ambiente, en la que sostiene que la mayor parte de los árboles estaban enfermos -¿cuántos estarán sanos en esta contaminada ciudad?-, el caso, nos obliga a la reflexión: para quién se hace ciudad, con qué objetivos y visiones se construyen nuestras ciudades.

   Cada vez, son más comunes los conflictos entre vecinos y autoridades, debido a la manera en que se está transformando el paisaje urbano en buena parte de las ciudades del país, pues el modelo que se está imponiendo privilegia, una y otra vez, lo privado sobre lo público en casi todos los aspectos.

   Así, por ejemplo, de acuerdo con un estudio de 2013 del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo de México, el 25 por ciento de la inversión federal en las ciudades del país se destina a movilidad, pero ¿a qué tipo de movilidad? Pues a aquella que beneficia principalmente a los automovilistas y deja de lado a los peatones, a los ciclistas y a quienes se movilizan en transporte colectivo, a pesar de que estos últimos representan el 80 por ciento de la población.

   Otro ejemplo de cómo se construye el espacio urbano es la forma en que se otorgan permisos para la construcción y expansión de más y más centros comerciales, a los cuales llegarán quienes tengan capacidad adquisitiva y auto, pero se invierte mucho menos en parques o áreas verdes urbanas y espacios públicos. De acuerdo con el portal de la revista Forbes del 14 de marzo, nuestro país es el que más centros comerciales ha construido en toda Latinoamérica.

   Esto ocurre sin importar el que donde se instalen estos centros se colapse la vida barrial, se talen árboles o se destruyan edificios históricos y vestigios arqueológicos, como en los casos de la ampliación de Parque Delta y en la construcción de un nuevo macro-centro comercial en lo que fuera la ex-clínica San Rafael, en Tlalpan, en una zona de vialidades súper saturadas como lo es Av. Insurgentes Sur.

   Otro ejemplo, es la intención de construir una vialidad para conectar la Ciudad de Morelia con un complejo urbano de lujo, en la parte alta, mediante un túnel, en el famoso Libramiento Sur de Camelinas, a pesar de las protestas de los vecinos de la colonia Ocolusen y de que un estudio de la UNAM, desaconseja la obra, debido a que ésta atravesaría una falla geológica.

   Académicos como el geólogo Víctor Hugo Garduño, de la Universidad Michoacana, advierten del riesgo de la obra si ocurriera un sismo, cuyo epicentro tuviera lugar en la falla, pues un evento así podría ocasionar derrumbes en la zona donde desembocará el túnel.

   La obra además representa una amenaza para tres áreas naturales vecinas, pues la presión por urbanizar se incrementará con esta nueva vialidad.

   Esta forma de construir ciudad, privilegiando las ganancias y espacios privados de corto plazo sobre los intereses colectivos y ambientales, obviamente genera conflictos sociales, pero lo que no ven, o no quieren ver, quienes los implusan, es la inviabilidad futura de estos conglomerados, al permitir la expansión sobre los bosques y las áreas agrícolas que suministran alimento, oxígeno, que capturan carbono, infiltran agua y mantienen la estructura de los suelos para evitar inundaciones y azolves.

   Claramente es una forma de hacer ciudad totalmente contrapuesta con lo que se considera una ciudad sustentable, una ciudad que internalice los costos ambientales y sociales del desarrollo, donde se privilegien formas de transporte que disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero, se implementen acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, donde se minimice la expansión urbana y se desarrollen comunidades y ciudades compactas cuya movilidad se base en el transporte colectivo o donde los recursos renovables y no renovables se usen sensatamente y se conserven.

   Lo que queda muy claro es que, en todo caso, estas no son formas democráticas de hacer ciudad. Urge generar espacios donde las y los habitantes seamos parte activa en la cosntrucción de la ciudad para todas y todos.

Editorial del Programa Universitario de Medio Ambiente en el noticiero Primer Movimiento de Radio UNAM, emisión del martes 17 de marzo de 2015.
Mireya Imaz, Marjory González. 2015, PUMA-UNAM. México.
(Se autoriza la reproducción citando la fuente).

martes, 10 de marzo de 2015

Ley General de Aguas: tormenta en puerta

El 7 de agosto de 2014, los habitantes del municipio de Cananea, a las márgenes del río Sonora, notaron que su río había cambiado: olía mal y las aguas estaban rojizas. En la comunidad ribereña de Bacanuchi una joven doctora atendió a varias personas que llegaron con la piel irritada, decidió tomar muestras del agua, mandarlas a analizar y alertar a la población en las redes sociales.

   Las muestras que tomara la doctora, servirían como parte de una investigación independiente sobre el derrame de la Minera Buenavista del Cobre, y fue gracias a estos análisis que se supo que los metales y ácidos derramados estuvieron muy por encima de las Normas mexicanas durante los primeros días de la crisis.

   Tal acción de la doctora, esto es, tomar muestras del agua y analizarlas, según la nueva Ley General de Aguas, aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados y cuya votación final se aplazó el día de ayer gracias a la presión de miles de ciudadanos, decenas de organizaciones ambientales y académicos, configuraría un delito.

   Sí, la Ley propuesta impide la investigación independiente al decretar que quien esté interesado en realizar obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación en acuíferos, deberá solicitar permiso a la Conagua en los términos que establecerá el Reglamento y que quien no lo haga, será acreedor de multas de hasta 50 mil días de salario mínimo.

   Esto es obviamente inaceptable, tanto para la comunidad académica que debe poder realizar estudios y monitoreo de las aguas nacionales, como para los ciudadanos, quienes tenemos el derecho de conocer la calidad del agua que llega a nuestros hogares en todo momento.

   Pero ahí no termina lo polémico de esta propuesta de Ley. Por ejemplo: se establece que el titular del derecho humano al agua serán los asentamientos legalmente establecidos, no las personas, lo que ha sido calificado como un despropósito legal por especialistas como Rodrigo Gutiérrez Rivas, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas y especialista en Derecho Constitucional.

   Además de confundir el derecho humano con un “conjunto de casas”, aquellas comunidades y pueblos que no se consideren asentamientos no tendrían derecho al agua, en un acto de discriminación desde la Ley, lo cual, en teoría, no se puede hacer con un derecho humano…

   Tambien, el derecho se reduce a su mínima expresión porque la ley define el acceso vital, es decir, la cantidad de agua necesaria para vivir, a 50 litros diarios por persona, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud establece el mínimo entre 50 y 100 litros y un principio de nuestra Constitución es la protección “pro persona”, es decir, los legisladores deberían garantizar el derecho más amplio de los ciudadanos, las mejores condiciones de vida, no las mínimas tolerables.

   Ciertamente, el corazón de la crítica a esta ley, es que convierte un derecho humano vital, el derecho al agua, en una mercancía y privatiza al sector, volviendo inaccesible el recurso para los más desprotegidos que, por cierto, con 53 millones de pobres en nuestro país, son mayoría.

   Esta Ley está diseñada para promover la participación de los particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal y establece que el agua tiene un valor económico y que el mismo es de interés público, es decir, que los negocios privados se vuelven interés de la nación (aunque las ganancias no nos toquen a todos, huelga decir).

   Además, esta ley se plantea proteger los usos industriales por encima de los usos domésticos o de los requerimientos de los ecosistemas, al blindar las tarifas ante posibles presiones sociales, para permitir los trasvases, es decir, el traslado de aguas de una cuenca a otra, no como medida ante una emergencia hídrica, sino para satisfacer demandas industriales, por ejemplo.

   Así los criterios de manejo y distribución del líquido serán prioritariamente económicos y no sociales, culturales o ambientales.

   No tenemos duda de que esto se traducirá en graves conflictos por el agua. Y no es que tengamos una bolita de cristal, simplemente recordamos la llamada Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia, originada por la decisión del presidente Hugo Banzer, de privatizar el suministro de agua otorgándolo a un consorcio que elevó más de 50 por ciento las tarifas del vital líquido.

   Hubo enormes protestas, el gobierno Boliviano declaró la ley marcial y después de una farragosa lucha, se derogó la ley, a sólo ocho meses de haber sido aprobada.

   Hay que congratularse de que las y los legisladores evitaran la aprobación fast-track de esta propuesta el día de ayer.

   Esperamos que el aplazamiento sirva para abrir un debate público, escuchar la propuesta de Ley de la sociedad civil -que comentamos anteriormente en este espacio-, y dialogar con las y los especialistas y la sociedad para garantizar, que la nueva Ley, contenga una visión de uso y manejo del agua justa, equitativa, ecosistémica y con visión de futuro.

   Finalmente, la relación que existe entre el derecho al agua y el derecho a un ambiente sano no es una cuestión de principios, es un tema de supervivencia y de justicia.  He ahí, pensamos, el meollo del asunto.

Editorial del Programa Universitario de Medio Ambiente en el noticiero Primer Movimiento de Radio UNAM, emisión del martes 10 de marzo de 2015.Mireya Imaz, Marjory González. 2015, PUMA-UNAM. México.
(Se autoriza la reproducción citando la fuente).

martes, 3 de marzo de 2015

Agua, energía y alimento, un vínculo para el futuro

En esta ocasión les queremos platicar acerca de un estudio acerca del estrecho vínculo entre nuestras necesidades de energía, agua y alimentos y cómo dicho vínculo resulta estratégico si queremos construir sociedades sustentables y resilientes, además de explorar un poco cómo aplica en algunos de los escenarios de nuestro país.

   Pues bien, el estudio de Michael Webber, director del Instituto de Energía en la Universidad de Austin en Texas, publicado en la Revista Scientific American de febrero, reseña el caso de un apagón de grandes proporciones ocurrido en julio del 2012 en la India, el cual dejó sin electricidad a unas 620 millones de personas, es decir, 9% de la población del planeta.

   ¿Qué ocurrió? Una grave sequía desató una carambola de varias bandas, para empezar,  los bajos niveles de agua en las presas hidroeléctricas redujeron la producción de energía eléctrica. Por otro lado, los agricultores se vieron forzados a emplear más electricidad para bombear agua para sus cultivos desde una mayor profundidad. El resultado es que el sistema eléctrico colapsó dejando sin luz a una población mayor que la de toda Europa.

   Otra zona donde la demanda de agua para cultivos compite con la que se requiere para generar energía en la presa Hoover y la necesaria para uso municipal es la cuenca del Río Colorado, en California. En esa zona se produce la mitad de la todas las frutas y verduras que consumen los vecinos del norte, pero debido a temporadas récord de sequías y al continuo desarrollo de la zona, el caudal del río se ha reducido a un tercio de lo normal. El tema es tan grave que la empresa Edison apagó dos de sus reactores nucleares por falta de agua para enfriarlos. Y claro, eso significa menos energía eléctrica.

   Aunque está claro que la energía, el agua y los alimentos son los tres recursos críticos a nivel global, la forma en que están interconectados no suele reflejarse en las políticas públicas o la planeación de la infraestructura. El estudio señala la importancia de resolver los problemas relacionados con estos recursos a través de una aproximación integrada, en vez de insistir en resolverlos como problemas aislados.

   Estas interconexiones ocurren por todo el planeta. En México empleamos 77 % del agua que consumimos en agricultura y 5% en la generación de energía, una parte importante de la cual se emplea a su vez en refrigerar, transportar, almacenar y cocinar los alimentos cultivados.

   Como lo señala el artículo de Webber, una forma obvia de reducir los problemas en las tres esferas es evitando el desperdicio. En Estados Unidos, por ejemplo, el 25% de los alimentos van directo a la basura y con ellos, la energía y el agua empleados para producirlos.

   Aunque el artículo propone soluciones integradas basadas en tecnologías novedosas, como convertir grandes rascacielos urbanos en “granjas verticales” para producir alimentos, reutilizando el agua de los propios edificios, parece que el tema más importante está en la planeación de largo plazo de las ciudades y el cambio en los sistemas agrícolas.

   Por ejemplo: la ciudad de México importa 28% del agua que emplea del sistema Cutzamala y 12% del Lerma, que también le suministra electricidad. Así la mitad del agua que usamos proviene de otras cuencas y debe bombearse 2700 metros sobre el nivel del mar, usando grandes cantidades de energía. Pero 37% del agua se pierde en fugas y tomas clandestinas, con lo que se desperdicia tanto agua como energía.

   Además se ha permitido la urbanización de zonas agrícolas y bosques, ocupando el suelo de conservación que permite la recarga de los acuíferos y donde se cultivaban buena parte de los alimentos que consumían los capitalinos.

   La dependencia de fuentes externas de agua, energía y alimentos vuelve muy frágil y poco resiliente a la ciudad y la coloca frente a la repetición de escenarios como los que describimos en la India y California.

   Aunque la tecnología puede ayudar a encontrar soluciones integradas para esta problemática, lo más importante sería re-pensar los criterios de planeación urbana que han conducido a la situación actual y no seguirlos repitiendo, ni aquí ni en otras ciudades del país.

Editorial del Programa Universitario de Medio Ambiente en el noticiero Primer Movimiento de Radio UNAM, emisión del martes 3 de marzo de 2015.
Mireya Imaz, Marjory González. 2015, PUMA-UNAM. México.
(Se autoriza la reproducción citando la fuente).

lunes, 2 de marzo de 2015

Ley ciudadana de Agua para Todos

Tomás Rojo, vocero de las autoridades tradicionales de la tribu Yaqui, ha descrito en diversos medios el conflicto entre su comunidad y el gobierno de Sonora a raíz de la construcción del acueducto Independencia.

   El mismo día de febrero en que fue entrevistado al respecto por Radio UNAM, representantes de 450 investigadores y organizaciones de la sociedad civil agrupados en torno a la idea de “Agua para Todos, Agua para la Vida” entregaron, a un grupo de diputados y senadores, la iniciativa ciudadana “Ley General de Agua”, como una propuesta alternativa a la de la Comisión Nacional del Agua (la CONAGUA).

   Tanto las protestas de los Yaquis y de otros pueblos y comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional, vinculadas a conflictos por el agua, como la iniciativa de Ley ciudadana, tienen, por trasfondo, un escenario de crisis ambiental y social en torno a este recurso en nuestro país.

   Por ello, presentamos un recuento, un tanto apretado, de la situación y luego hablaremos de la propuesta de Ley que impulsa este grupo ciudadano.

   De acuerdo con el libro “Agua en México, cauces y encauces”, editado por la Academia Mexicana de Ciencias en 2010, los grandes retos que enfrentamos en el tema del agua en nuestro país son: escasez, contaminación del recurso, impactos del cambio climático, una administración que debe fortalecerse con la participación de las y los usuarios, ausencia de ordenamientos ecológicos reales de los territorios y la necesidad de fortalecer la ciencia y la tecnología nacional en este tema.

   ¿En qué usamos el agua las y los mexicanos?, bueno, básicamente el 77 % se destina a la agricultura, 14% al abasto público, 5% a la generación de energía en plantas termoeléctricas y 4% lo consume la industria.

   En el tema de la escasez, el libro “Agua en México, cauces y encauces” señala que las cuencas sin disponibilidad de agua se encuentran en Sonora, Chihuahua, el Río Bravo, la cuenca Lerma- Chapala y el Río Balsas.

   Así mismo, cabe resaltar que 13% de la población mexicana se queda sin agua en su hogar diario o casi diario, otro 13% una vez a la semana y 12% una vez al mes, de acuerdo con datos del foro “Agua: escasez y riesgos”  celebrado en la Cámara de Diputados el año pasado.

   Continuando con los datos del libro, de los 653 acuíferos existentes, 104 están sobrexplotados, es decir, se extrae de ellos más agua de la que se recarga. Y aunque éstos acuíferos representan sólo el 20% del total, suministran el 80% del agua que se extrae del subsuelo.

   El crecimiento poco planificado de poblaciones, ciudades y áreas de producción tecnificada de alimentos, ha conducido a una situación donde más del 70% de la población mexicana se concentra en los estados del Norte, Centro y Noroeste, regiones en las que la disponibilidad natural de agua es de apenas el 31%.

   En cuanto a la contaminación, no todas las aguas residuales se colectan, y de las que sí, sólo se trata el 40%. En total, para el 2009 había 21 cuencas fuertemente contaminadas en todo el país, de acuerdo a datos de la propia Conagua.

   Y para acabar de documentar el optimismo, un dato más: México es actualmente el primer consumidor de agua embotellada del planeta, con 72% de su población bebiendo agua de garrafones y sólo el 9% agua de la llave. Lo cual nos puede llegar a costar hasta mil veces más, según el estudio El agua una responsabilidad compartida de la UNESCO.

   Ciertamente, nos encontramos lejos de un escenario en el que se cumpla a cabalidad, el derecho humano al agua, reconocido en el artículo 4° de la Constitución mexicana, el cual indica que tenemos derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

   Lo que proponen quienes impulsan la “Ley de Agua para Todos” es tomar en cuenta no sólo las necesidades sociales sino también las ambientales para, ciertamente, abastecer a la gente del preciado líquido, al tiempo que lo conservamos.

   Por ejemplo, se busca garantizar agua suficiente y de calidad también para los ecosistemas, pues el disfrute de este derecho, tanto para las presentes como para futuras generaciones, implica que el Estado proteja los ecosistemas y los ciclos biogeoquímicos asociados, poniendo fin a la contaminación de los cuerpos de agua.

   Así, en lugar de apostar por grandes obras de trasvases, acuíferos ultraprofundos y desalinizadoras, esta iniciativa se enfoca en la restauración y en la gestión integral de las cuencas. Se contempla la planeación y gestión ciudadanizada por Cuenca a través de un Plan Rector, la creación de un Fondo Nacional para garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento, así como el monitoreo independiente, con fondos públicos, para vigilar la calidad del agua.

   En el actual esquema, las concesiones de agua van de 5 a 35 años, son prorrogables y en buena medida están sujetas a dinámicas de mercado, en su lugar, esta propuesta de Ley, contempla concesionar sólo el volumen ecológicamente aprovechable, destinar agua prioritariamente para la vida, que las concesiones se renueven siempre y cuando se cumpla con la normatividad y que se respete la integridad de las tierras y aguas de los pueblos originarios.

   Habrá que ver cómo evoluciona el debate en torno a esta propuesta y la presentada por la Conagua, pero parece bastante alentador que en nuestro país, la sociedad civil, se organice para presentar iniciativas, que, como en este caso, buscan solucionar uno de los conflictos ambientales más críticos y recurrentes en el territorio nacional.

   Al final del día, toda el agua dulce depende de la salud y el buen funcionamiento de los ecosistemas por ello, para lograr un manejo sustentable del vital líquido, es urgente reconocer que el ciclo del agua es un proceso biofísico que ocurre de manera natural en los muy diversos ecosistemas del planeta, por lo que la conservación del agua pasa, no por los tubos de las casas, sino por la preservación de los bosques, las selvas, los lagos, los ríos y un largo etcétera.

Editorial del Programa Universitario de Medio Ambiente en el noticiero Primer Movimiento de Radio UNAM, emisión del martes 17 de febrero de 2015.Mireya Imaz, Marjory González. 2015, PUMA-UNAM. México.
(Se autoriza la reproducción citando la fuente).